Una charla que sube de tono y lleva al envío de fotografías sexuales. Después llegan las amenazas y la extorsión y, si las víctimas son menores, la exigencia de más material pornográfico. O un atractivo correo que nos invita a hacer click en un link que roba nuestra información personal y nuestras tarjetas bancarias. También hay páginas fraudulentas o hackers que acceden a nuestros dispositivos. El mundo digital tiene muchas ventajas, pero también una nueva delincuencia virtual que permite a los criminales operar a kilómetros de distancia sin apenas dejar rastro. “No somos realmente conscientes de ello. Se dice, y no sin razón, que nuestro teléfono sabe más de nosotros que nosotros mismos”, señala José Durán, comandante de la Unidad de Coordinación de Ciberseguridad de la Guardia Civil.
Pero también ocurre todo lo contrario. Insultos, calumnias y amenazas hacia famosos en redes sociales. Chistes que ensalzan el terrorismo o mensajes que alientan al odio en Twitter. Vivimos conectados, pero muchos acaban pensando que en el mundo online todo vale. Y hasta nosotros mismos podemos acabar infringiendo la ley sin ser conscientes de ello. “El pseudo-anonimato y la lejanía física parecen provocar en muchos cierta desinhibición. No siempre estos comportamientos, muchas veces reprochables desde el punto de vista moral, reúnen la gravedad suficiente para considerarse delitos, pero a veces pueden acarrear penas de hasta cinco años de prisión”, advierte el comandante.
Aunque aún no hay cifras concretas, se estima que los delitos cibernéticos se han triplicado durante esta cuarentena. Y lo cierto es que en 2018 en España se recogieron 110.603 denuncias por distintos tipos de ciberdelitos, el triple de los registrados en 2011. “La ciberdelincuencia está aumentando y, aunque creemos que también somos cada vez más conscientes y denunciamos más, es cierto que aún sigue existiendo una importante cifra negra de hechos no denunciados”, lamenta Durán. “En muchos casos las víctimas no estiman que lo que les ha ocurrido vaya a solucionarse, o desconocen si realmente se trata de un delito”, añade Javier Maestre, abogado experto en ciberdelitos. Otras veces no denuncian por vergüenza o miedo de que trasciendan ciertas informaciones.
Algunos expertos concretan que las denuncias suponen el 15% de todos los delitos cometidos. Y denunciar, aunque es lo recomendable, no siempre frena al delincuente. Según el estudio sobre cibercriminalidad en España del Ministerio del Interior, de los 110.613 ciberdelitos conocidos en 2018 se resolvieron 24.727 hechos, es decir, un 22% de las denuncias, y solo el 10% terminaron en juicio. “La falta de autores conocidos impiden que las denuncias puedan ser trasladadas al ámbito judicial”, resalta el abogado. Y no, localizar la dirección IP no siempre es viable. “El juez valora si la gravedad de los hechos implica la necesidad de proporcionarla. En casos de delitos leves no siempre se consigue que el Juzgado acuerde esa medida”, añade.
Internet, campo de timos y haters
El delito más frecuente en el universo online es la estafa, como los cada vez más frecuentes casos de phishing. “Los ciberdelitos más frecuentes son los fraudes informáticos que, según los últimos datos oficiales disponibles, supusieron más de un 80% de los ciberdelitos contabilizados en España en 2018”, explica el Guardia Civil. De hecho, el 61,5% de los procedimientos judiciales de 2018 vinculados a ciberdelitos fueron estafas en sus distintas formas. “La estafa puede estar penada con hasta 6 años de cárcel en sus modalidades más agravadas, como cuando la defraudación supera los 50.000 euros”, añade el abogado. Los casos de phishing son de las estafas más habituales. Mediante emails y ofertas fraudulentas nos roban el número de tarjeta bancaria o nos cobran cuantías sin nuestra autorización.
Y si los fraudes son las estrellas de la ciberdelincuencia, los haters son los protagonistas de las redes sociales. Perfiles, en su mayoría falsos, que vejan a personajes públicos o que utilizan su anonimato para difamar o sembrar el odio. Pero, cuando se pasan ciertos límites, las consecuencias pueden ser graves. Las coacciones y las amenazas pueden llegar a tener penas de tres y cinco años respectivamente, mientras que los mensajes que inciten al odio pueden suponer hasta cuatro años de prisión. Además, en Twitter o Facebook no todo vale. Comentarios que incurran en enaltecimiento del terrorismo también son motivo de penas de hasta dos años. Un caso famoso fue la Operación Araña, con la que la Guardia Civil acabó deteniendo a 77 personas por apología del terrorismo.
Los riesgos del sexting
Otra de las prácticas online que ha aumentado en los últimos años es el sexting, esto es, el envío de mensajes y fotografías sexuales entre varias personas. Una practica que puede entrañar muchos riesgos y que muchos ciberdelincuentes utilizan para lograr sus fines. Algo cada vez más frecuente es la ‘sextorsión’, en la que el criminal, tras conseguir mediante engaños y perfiles falsos las fotografías de su víctima, comienza a chantajearla y a pedirle cada vez más cantidad de dinero. Un delito grave que puede ser penado con hasta cinco años de prisión, a los que se sumarían otras penas por daños al honor y la intimidad.
Aunque, si bien desde el punto de vista cívico es reprobable, mentir en Internet no está penado. “La suplantación de identidad, hacerse pasar por otra persona, no es un delito en sí mismo. Sin embargo, a través de Internet, es el medio para cometer otros ilícitos”, recuerda el letrado. Es decir, que crearse un perfil con fotos falsas solo sería denunciable si ello se utiliza para lucrarse o para calumniar o injuriar a la persona suplantada. El caso Cantora es uno de los sucesos más recientes que ejemplifica este supuesto. Un usuario se hizo un perfil falso con fotos de la modelo Victoria Perusheva y engañó a famosos como Miguel Ángel Silvestre para después difundir audios y conversaciones íntimas. Pero en este hecho lo único que podría ser enjuiciado es el daño al honor y la revelación de secretos.
Engañar no es delito si no hay lucro o si no se difunde el material obtenido, pero la cosa cambia si hay menores de por medio. Este engaño a menores para conseguir material pornográfico o un acercamiento sexual se conoce como grooming y lleva aparejadas penas que pueden llegar a los tres años de cárcel –y muchos más si mediante él se realizan otros delitos como violaciones o los vinculados a la pornografía infantil–. ¿Y qué ocurre si un menor nos engaña con su edad y realizamos sexting mediante apps como Tinder? Aunque cada caso es un mundo, en principio, no se podría imputar nada al adulto ya que se entiende que no era su intención contactar con el menor. “Este tipo de delitos requieren la existencia de dolo, es decir, voluntad de cometer el delito por parte del autor. En cualquier caso, esto sería algo que en última instancia podría tener que decidir un juez”, aclara Durán.
El incremento de estos delitos y las múltiples dificultades para dar con los criminales dibuja un panorama bastante desolador, aunque con unas medidas básicas podemos evitar ser víctimas. “No se trata de lanzar mensajes alarmistas, pero sí es fundamental que tomemos conciencia de qué tipo de información estamos exponiendo y de los peligros que existen para poder protegernos convenientemente”, aconseja el comandante. Algo tan sencillo como controlar el acceso de los menores a Internet, no abrir correos ni enlaces desconocidos, no introducir nuestro número de tarjeta bancaria en páginas extrañas, tener un buen antivirus y recopilar cualquier prueba para denunciar siempre cualquier posible delito puede ahorrarnos muchos problemas.
