Pese a ello, los nauruanos presumen orgullosos de sus kilitos de más. De hecho, en su cultura es toda una seña de riqueza y posicionamiento social. No así de salud, ya que más del 30% de la población sufre diabetes y su esperanza de vida no supera los 58 años en los hombres y los 65 en las mujeres. Culpa de ello la tenemos también los occidentales, quienes a principios del siglo XX explotamos de forma incontrolada las minas de fosfato de la isla para fertilizar campos de otros países. Una catástrofe medioambiental que, con los años, se ha traducido en la contaminación de un 80% de la tierra, la muerte de toda la fauna marina y el deterioro del cinturón de coral que rodea el atolón haciendo que sea prácticamente imposible tanto la pesca como el cultivo en dicho lugar.
Véndete por dinero
Después de obtener la independencia de Australia en 1968, el gobierno compró los derechos para el negocio del fosfato a la British Phosphate Commission (BPC) y se creó una compañía minera pública. La enorme demanda global de este mineral convirtió a Nauru en uno de los centros de extracción más importantes del mundo y, por supuesto, su economía se disparó. Tanto es así que, en 1975, la renta per cápita alcanzó los 42.300 euros. También aprovecharon para reinvertir sus ganancias en bienes internacionales, como la Torre Nauru que compraron en 1972 en Melbourne por 18 millones de euros y que se convertiría, durante un tiempo, en el edificio más alto de la ciudad. Sin embargo, con la llegada del nuevo siglo y la explotación masiva e incontrolada de la zona, la pequeña isla de Micronesia vio cómo sus valiosas minas empezaban a agotarse.
La construcción de la Torre Nauru (ubicada al final de la calle) terminó en 1977 y fue, durante un breve periodo de tiempo, el edificio más alto de Merlbourne.
Nauru no es más que una pequeña isla de la vergüenza perdida en medio del Oceáno Pacífico con una tasa de paro superior al 90%
Las deudas y los casos de corrupción obligaron a Nauru a tomar medidas desesperadas: se desprendió de sus inmuebles –tanto de hoteles como de su admirada y preciada torre–, tuvo que vender su único avión y acabó convertido en un paraíso fiscal durante la década de los 90. Por aquel entonces, cualquiera que tuviera lo que hoy serían 23.000 euros podía abrir una cuenta en el país sin tan siquiera poner un pie en él.
Tan suculenta transacción fue aprovechada por la mafia rusa para blanquear, según el Grupo de Acción Financiera contra el blanqueo de capitales (GAFI) creado por el G-7, más de 59.000 millones de euros en sus más de 400 bancos offshore –uno por cada 25 habitantes nada más y nada menos–. Esto, obviamente, no gustó nada a las principales potencias del mundo, las cuales decidieron incluir a la pequeña República dentro de la lista de países no cooperativos contra el blanqueo de dinero. Un severo castigo que duró hasta el año 2005, cuando Nauru abandonó la lista al aprobar una ley que eliminaba la posibilidad de blanqueo de capitales.
La isla de los no deseados
En el 2001, con el país sumido en la quiebra total, Australia ofreció a Nauru y Manus, una de las islas que conforman Papúa Nueva Guinea, albergar un centro de detención dentro de lo que se denominó ‘Pacific Solution’, una medida política del ejecutivo australiano por la cual se reservaba el derecho a retener fuera de su territorio a todas aquellas personas solicitantes de derecho de asilo. A cambio de unos 18 millones de euros –según cifras y datos de 2001– en ayudas a la cooperación y el desarrollo, el Gobierno australiano alejó y alojó a todos los inmigrantes que quería ver alejados de sus fronteras dentro del pequeño atolón.
La sociedad australiana se ha movilizado en reiteradas ocasiones para exigir el cierre inmediato de los centros de detención de inmigrantes de Nauru y Manus (una de las islas que conforman Papúa Nueva Guinea). Foto: Shutterstock
En 2001, el Gobierno australiano ofreció a Nauru albergar un centro de detención para inmigrantes a cambio de ayudas a la cooperación y desarrollo
En el año 2007, el centro fue cerrado temporalmente como consecuencia de la presión internacional y la labor de Naciones Unidas. Se conseguía así dar voz a las numerosas denuncias por vulneración de los derechos humanos, agresiones sexuales y torturas que, hasta el momento, habían sido silenciadas por el miedo de los inmigrantes a perder su alojamiento. Algo que parece no haber cambiado en la actualidad, puesto que desde 2012 el centro vuelve a funcionar a pleno rendimiento como consecuencia de la oleada de inmigración llegada de los conflictos de Oriente Medio. Según el periódico The Guardian, desde 2013 a 2015, más de 1.200 personas han sido trasladadas a Nauru y se habrían interpuesto más de 2.000 denuncias por torturas, violaciones y abusos sexuales por parte de los guardias de seguridad, ciudadanos locales y otros numerosos internos. Ademas, recientemente hemos conocido la noticia de que un joven iraní de 26 años se quitaba la vida tras pasar sus últimos cinco años entre las rejas del campamento para refugiados.
Una realidad que no ha pasado inadvertida para la sociedad australiana, la cual se ha movilizado en reiteradas ocasiones para exigir el cierre inmediato de todos los centros. Tal es la crispación que, en 2015, el relator especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, Francois Crépeau, se vio obligado a aplazar su visita a Australia por la falta de “cooperación” del Gobierno australiano en relación a la situación que se vive en Nauru y Papúa Nueva Guinea. Un negocio, sin embargo, bastante lucrativo para la isla, ya que con la reapertura del centro el Gobierno australiano pagó a las entidades nauruanas unos 1.380 millones de euros por mantenerlo abierto durante un periodo de cinco años. Actualmente, tanto la propiedad como la gestión de las instalaciones pertenece a la empresa Broadspectrum –adquirida hace un año por el grupo español Ferrovial–, la cual calcula que los cinco años de gestión le han reportado 7.500 millones de euros. Cifras de récord si se tiene en cuenta que, desde 2007, momento en el que se cerró el centro de detención, el valor de la empresa australiana en bolsa había caído un 85%.
Puesto que en Nauru no hay presencia de núcleos urbanos bien definidos, el distrito de Yaren se ha transformado en la capital de facto (no oficial) del país, ya que en él se encuentra el centro del gobierno. Foto: Shutterstock
Por su parte, el ejecutivo australiano sigue haciendo caso omiso a las peticiones que llegan de ONGs y organizaciones no gubernamentales exigiéndole el cierre inmediato del centro y la reubicación en suelo australiano de los miles de inmigrantes que se encuentran en él. Mientras, Nauru sigue en quiebra y tiene una tasa de paro superior al 90%. Su ejemplo nos avisa de las consecuencias que tienen la explotación incontrolable de los recursos naturales y el insano estilo de vida actual. Si, aún con todo, te han entrado ganas de visitar este cuestionable paraíso date prisa porque se espera que, en 2050, los recursos naturales de la isla estén prácticamente agotados.
